El monumento funerario lleva grabados los nombres de las más de 4.800 personas asesinadas que han sido documentadas
Familiares de los asesinados depositaron claveles rojos junto a las placas de mármol con el nombre de las víctimas.
GREGORIO TORRES
Un pueblo entero. Bajo esta pirámide de líneas claras que ayer quería
alcanzar las nubes grises en busca de luz descansa tal número de
personas que podrían formar un pueblo de Málaga. Con sus campesinos,
obreros, sacerdotes, niños, amas de casa y maestros. La mayoría,
chiquillos con menos de 20 años.
Son 2.840 personas represaliadas, acribilladas contra el muro del Cementerio de San Rafael, el camposanto de los pobres, en un ejercicio de odio sistematizado que se inició con la llegada de las tropas de Franco en febrero de 1937 y que en Málaga no acabó hasta 1954. En realidad, la cifra oficial de fusilados llega hasta las 4.411 víctimas, porque muchas pudieron encontrar una sepultura decente, gracias a las gestiones familiares, pero otras sirvieron de relleno para el faraónico Valle de los Caídos.
Muertos anónimos e ignorados, finalmente rescatados de las fosas comunes y que ayer recobraron la dignidad ansiada, en un ejercicio de madurez política, pues el Ayuntamiento de Málaga, el Gobierno central y la Junta de Andalucía han colaborado en estos años aparcando sus diferencias para hacer posible el panteón piramidal con los restos de los fusilados de san Rafael. La obra ha costado 220.000 euros de los que el Gobierno ha aportado 100.000, la Junta 40.000 y el Ayuntamiento 80.000 euros.
Ocho metros y medio de altura de una sobria construcción recubierta de mármol blanco bajo la que descansan los asesinados, por fin en tumbas individuales.
Unas dos mil personas se dieron cita ayer en el
acto, durante el cual se ondearon banderas de la República, de las
Juventudes Comunistas y de la CNT, entre otras.
Francisco
Espinosa, presidente honorífico de la Asociación por la recuperación de
la Memoria Histórica de Málaga abrió el acto recordando casos concretos
de personas fusiladas por el bando nacional, como un guardia civil que
no pudo ver cumplido su deseo de morir con el uniforme de gala o el
carabinero que regresó a Málaga tras acompañar a su familia por la
Carretera de Almería, creyendo la promesa de los nacionales de que
perdonarían a las personas sin delitos de sangre. No fue así.
Francisco
Espinosa también tuvo palabras para los cerca de mil represaliados por
el bando republicano. Enterrados en cementerios o en la Catedral de
Málaga, sus familias, dijo, «habían podido cerrar el duelo» y ahora, al
cabo de tantos años, le tocaba al bando perdedor, subrayando que en los
familiares de estas víctimas no ha visto «ni odio, ni rencor, ni
revanchismo, solo dolor y amor por los familiares ausentes».
En
representación del Gobierno central, el secretario general de la
Subdelegación del Gobierno, Luis Carlos Abreu, recordó la contribución
de la administración central a este panteón de la Memoria y subrayó que
con la llegada de la Democracia, se pasó «de la España de la discordia a
la de la concordia».
El concejal de Turismo y Comercio, Rafael
Rodríguez, recordó los asesinatos del bando nacional, que elevó a 20.000
hasta 1944 y recalcó que el panteón «no es el final del camino de
reparación», reclamando un banco público de ADN para esclarecer la
identidad de la mayoría de asesinados, «y seguir luchando para que el
poder judicial y el Estado asuman la doctrina internacional de Crímenes
contra la Humanidad». Para el concejal, estos crímenes, «no deben
prescribir nunca y acabaremos consiguiéndolo».
La intervención
del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, fue interrumpida con
pitidos y abucheos en varias ocasiones por asistentes que le recordaron
su cargo de presidente de la Diputación en la primera mitad de los 70,
en tiempos de Franco y que lanzaron vivas a al República.
De la
Torre incidió en la «colaboración ejemplar» de las tres administraciones
para llevar a cabo este proyecto y recordó cómo el Ayuntamiento ya
prestó su colaboración en el año 2000.
Al tiempo que arreciaban
los abucheos y los gritos de «fuera», el alcalde de Málaga recalcó que
la Guerra Civil tuvo lugar «hace 78 años» y que España cuenta «con una
Constitución de la Concordia, que se hizo en una etapa muy difícil, la
Transición, donde supimos concertar espacios para el diálogo y la
libertad».
También habló el que fuera responsable de la
asociación de la Memoria Histórica, José Dorado, que quiso agradecer la
colaboración de las tres administraciones, haciendo hincapié en el apoyo
mostrado desde primera hora por el Ayuntamiento.
Acabados los
discursos, se guardó un minuto de silencio, durante el cual un niño bajó
al panteón para introducir una caja con recuerdos de las víctimas,
localizados durante las exhumaciones de las fosas comunes, que se
encuentran muy cerca del panteón. Las autoridades, acompañadas por la
marcha fúnebre de Chopin, y a continuación las familias depositaron
flores en el monumento, que al poco tiempo se vio florecido, con decenas
de claveles rojos asomando entre las placas de mármol de Macael.
Y
terminó el acto con los testimonios, emocionados, de los familiares de
los represaliados. Testimonios como el de la nieta de Vicente Córdoba
Fernández, que daba las gracias porque su madre, de 81 años, pudiera
vivir este momento y poder contar «con un lugar donde rezar a su padre y
ponerle flores». Este rincón del Cementerio de San Rafael se ha
convertido en la memoria de los perdedores y en un inmenso acto de
justicia.
«Mi madre todavía temía que fuéramos represaliados por querer buscarle»
Germán
de los Ríos Cid, comerciante y concejal de Cultura de Castro del Río,
falleció en San Rafael tras ser denunciado por uno de sus paisanos. Días
después de su muerte llegó el indulto en el que se probaba su inocencia
Carmen
Molina recuerda perfectamente el día en el que le dijo a su madre que
estaba decidida a buscar al abuelo. «Hija mía, no te metas en eso, mira
que te puede ocurrir algo malo como a él». La mujer, que se había pasado
la mayor parte de su vida arrastrando un dolor sordo, tercamente negado
por las autoridades y los tiempos, todavía sentía pánico, en pleno
siglo XXI, al hablar de su padre, Germán de los Ríos Cid. La suya es una
historia de silencio en la que brama una injusticia que se ha heredado
de generación en generación. En la familia nadie olvida el asesinato de
Germán, un comerciante de Castro del Río que ejercía de concejal de
Cultura del pueblo durante el estallido de la Guerra Civil. El abuelo,
cuenta Carmen Molina, murió en San Rafael, en 1937, después de haber
sido víctima de una artimaña urdida, como tantas otras veces, por un
vecino envenenado por los celos. En este caso, un comerciante del pueblo
que lo había localizado durante su estancia a Málaga, adonde se había
trasladado para unirse a sus hijos y a su mujer –la bisabuela de Carmen
vivía en la ciudad–. Se le acusó de haber ordenado la ejecución de
varios guardia civiles en Castro del Río. Un infundio que, por
desgracia, se desmontó demasiado tarde, cuando otro familiar vio a
Germán caer en la tapia del cementerio y corrió a avisar a su mujer. «En
el indulto se especificaba que no sólo no había participado en el
crimen, sino que luchó por protegerlos y evitar que fueran fusilados»,
resalta Carmen Molina. La muerte de Germán y el final de la Guerra Civil
fue el inicio de décadas duras, en las que siempre estuvo presente la
sombra de la desaparición. Parte de la propia familia de Castro del Río
repudió a la madre de Carmen por ser hija de un republicano fusilado.
Décadas de miradas aviesas, de desprecio, por fin rotas. Sin nada que
esconder.
«No queremos ningún tipo de revancha, sólo que sea enterrado dignamente»Antonio de Haro, cenachero del barrio de la Victoria, fue asesinado en San Rafael por haber subido a bordo de un coche con emblemas políticos. Tuvo la oportunidad de huir, pero se negó; estaba convencido de su inocencia
Cuenta
Francisco Haro que su abuelo, un cenachero del barrio de la Victoria,
cometió el ampuloso crimen de subirse en la parte de atrás de un coche
el día en el que estalló la rebelión. Y lo cuenta porque ese gesto,
anodino, sin trascendencia penal e, incluso, vital, se convirtió contra
todo pronóstico en una condena a muerte. A los 24 de años Antonio de
Haro no había dado muchas razones de preocupación a las autoridades. Ni
siquiera bajo la lógica intensamente disparatada de la guerra civil. Su
vida transcurría limpiando pescado y vendiendo cubos y cartuchos a las
familias más pudientes del barrio. Precisamente una de las señoras a
cuya casa acudía regularmente con su cargamento lo reconoció apoyado en
el guardabarros del coche del partido, con banderas a su alrededor. «Mi
abuela decía que era de izquierdas, pero que no pertenecía a nada»,
comenta. Con el avance de la guerra, los hermanos de Antonio trataron de
convencerle para que los acompañara a Valencia. El joven cenachero se
negó. Y lo hizo porque estaba convencido de que no había cometido ningún
crimen y no tenía nada que temer. Sin embargo, los militares no habían
olvidado la denuncia. Le dieron una brutal paliza y lo apresaron durante
tres meses. De la cárcel provincial salió con la suerte tapiada hacia
el muro del cementerio. Allí fue tiroteado, sin que la familia supiera
nunca el punto exacto en el que fue enterrado en San Rafael. La madre de
Francisco tenía 2 años. «Recuerdo que nunca se hablaba abiertamente de
lo que pasó. De niño sospechaba que algo grave había pasado porque
bajaban la voz», indica. De Haro confiesa su emoción al lograr lo que
tanto ambicionaba junto a los suyos. «No queremos ningún tipo de
revancha, ni de odio, sino simplemente que mi abuelo esté enterrado con
dignidad», precisa.
«Es una gran alegría, lástima que sea apenas un alfiler en el mapa de España»
La
familia Gallardo tiene hasta tres familiares cercanos inhumados en San
Rafael. Los restos del abuelo y del tío, que era concejal de Málaga,
reposarán por fin y después de más de siete décadas en el mismo panteón
En
la familia de Manuel y Rafael Gallardo la mención de los crímenes de
San Rafael adquiere todavía una resonancia documentada y profunda, casi
siempre adherida a recuerdos y papeles relacionados con la represión.
Hasta cuatro familiares fueron fusilados durante las primeras décadas de
dominio militar. Los más directos, el abuelo de los hermanos, Manuel
Gallardo, con el mismo segundo apellido, Moreno, y Antonio Pérez, el tío
de su mujer. La culpa del primero, un zapatero y artesano de Capuchinos
de apenas 29 años, fue, en suma, ser miembro del PCE y hermano de José
Gallardo, que en ese momento era concejal en el Ayuntamiento de Málaga.
El abuelo Manuel fue el primero en ser ejecutado; José, que era el
verdadero objetivo, había viajado con una comisión municipal hasta
Valencia para pedir municiones al Gobierno de la República. A su
regreso, y sin haber disparado un tiro, fue apresado. Manuel, el abuelo,
ya estaba en la fosa común, al igual que otra hermana, Elvira, que fue
identificada cuando trataba de huir por la Carretera de Almería. A
Antonio Pérez, por su parte, lo fusilaron por ser obrero y haber sido
designado durante la guerra para construir trincheras. O como reza su
condena, por poner «su pericia profesional al servicio de los rojos». El
concejal José Gallardo, como recuerda la historiadora Encarnación
Barranquero, era muy querido en Málaga. Sus amistades le permitieron a
su madre extraer los restos y sepultarlo de manera individualizada, en
un nicho identificado austeramente con una placa de madera y unas
iniciales. Durante décadas la familia ha depositado flores en esa tumba.
El deseo de la familia Gallardo es que los restos de José se unan a los
de su hermano en el panteón. Más de setenta años después. «Produce
alegría, pero también tristeza por los que no lo ven», indican.
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