Únicamente 35 de los 101 municipios
malagueños han identificado sus asentamientos en el campo desde la
entrada en vigor de la norma andaluza
09.11.13 - 02:10 -
Las regularizaciones de viviendas ilegales construidas en
el campo siguen sin apreciarse a la provincia a pesar de que ya han
transcurrido 20 meses de la entrada en vigor del Decreto 2/2012 de la
Junta de Andalucía que regula el régimen de las edificaciones y
asentamientos existentes en el suelo no urbanizable. Lejos de satisfacer
los deseos de los propietarios de casas irregulares, el decreto
continúa provocando el rechazo de los dueños e incluso de algunos
ayuntamientos, lo que puede explicar que todavía a estas alturas ninguno
haya comenzado a actuar de oficio para exigir la regularización de las
distintas edificaciones.
Sólo 35 de los 101 ayuntamientos de la provincia han
iniciado los pasos dirigidos a adaptar su actual planeamiento
urbanístico al Decreto 2/2012, inventariando la edificaciones
irregulares, identificando los asentamientos y hábitats rurales
diseminados y regulando las normas mínimas de habitabilidad y salubridad
exigibles a las construcciones en suelo no urbanizable.
Según la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente, de los 35 municipios que han iniciado los trámites para
adaptar su normativa al decreto andaluz de regularización de viviendas
en el campo, 18 han sido para aprobar el avance de planeamiento
identificando sus asentamientos, 15 para acordar a la innecesariedad de
aprobar este documento y otros tantos para aprobar la ordenanza
reguladora de las normas mínimas de habitabilidad.
Entre los municipios que cuentan con avances identificando
los asentamientos de viviendas irregulares en el campo se encuentran los
de Málaga, Manilva, Mijas, Benahabis, Vélez-Málaga y Torrox. Se da la
circunstancia de que 18 de los 35 ayuntamientos son de la comarca de la
Axarquía.
El Decreto establece que los municipios en los que su PGOU
tenga recogidas estas exigencias, la aplicación será inmediata. En caso
contrario, los ayuntamientos deberán identificar por sus propios medios
los asentamientos mediante un avance de planeamiento, lo que afecta a la
mayoría de los ayuntamientos.
El delegado de Medio Ambiente, Javier Carnero, ha valorado
sin embargo positivamente la labor que están llevando a cabo los
ayuntamientos para hacer cumplir el Decreto 2/2012. Según Carnero, los
municipios tienen la posibilidad de hacer toda la regularización
revisando o formulando un nuevo PGOU. El delegado ha apuntado que hay
municipios que están en fase de aprobación de su PGOU, lo que significan
que incluirán el avance de los asentamientos en su nuevo planeamiento.
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