A las empresas les sabe a poco el desarrollo de la Ley de Dependencia.

Sur.es 14/06/2009
Las expectativas de negocio y creación de empleo no se han cumplido aún y hay firmas de asistencia domiciliaria abocadas al cierre

La Ley de Dependencia, en vigor desde el 1 de enero de 2007, no acaba de convencer del todo a los agentes sociales –sindicatos y empresas, fundamentalmente–. La excesiva rigidez de la norma, su implantación progresiva hasta 2015, la concentración de los conciertos públicos en unas pocas empresas y, sobre todo, la tendencia de los españoles a asumir el cuidado de sus familiares dependientes en casa antes que llevarlos a una residencia han hecho que las expectativas de negocio y creación de puestos de trabajo que generó esta nueva normativa no se hayan acabado de cumplir del todo por el momento.
Lo explica César Castrel, director general de Adecco Medical and Science, filial de servicios asistenciales de la empresa de gestión de personal Adecco. «Es cierto que se ha iniciado un crecimiento del empleo vinculado con este sector, pero por el momento no se están cumpliendo las previsiones iniciales», afirma, al tiempo que destaca que la mayoría de las familias están acogiéndose a la modalidad de las ayudas económicas directas y de las asistencias a domilicio, frente a la otra opción que planteaba la legislación, la del pago subvencionado de plazas en residencias.
No obstante, según apuntan desde la Junta de Andalucía, ya se han creado en la provincia alrededor de 10.000 puestos de trabajo directos como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia. La delegada provincial de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, Amparo Bilbao, reconoce que la legislación «puede mejorarse, y de hecho así lo hará en los próximos años», pero destaca el cambio «sustancial» que ha supuesto, «con el reconocimiento de un derecho universal a la asistencia de las personas dependientes». Asimismo, advierte de que su implantación será «progresiva». De hecho, hasta el momento sólo están recibiendo ayudas los grandes dependientes y los dependientes severos.
En total, hasta el pasado 24 de abril, se habían registrado en la provincia 42.750 solicitudes para acogerse a las ayudas de la nueva ley, de las cuales el 81% ya habían sido valoradas por los técnicos. De éstas, 24.812 familias están ya recibiendo ayudas, para las cuales la Junta de Andalucía destina cada mes en la provincia un presupuesto de alrededor de 5 millones de euros, según Bilbao. Además, la Administración andaluza ha repartido desde comienzos de año un total de 16 millones de euros entre los ayuntamientos malagueños para financiar los servicios sociales comunitarios, que son la puerta de entrada para las peticiones de la nueva norma.
Concursos públicos
Los conciertos que han lanzado los ayuntamientos para organizar sus servicios de asistencia a domicilio no satisfacen las expectativas que tenían todas las empresas que surgieron al albur de la Ley de Dependencia. Así lo explica Ester Tapiero, que fundó hace cinco años la compañía Asista junto a una socia. Ambas pensaron que la nueva norma les abriría posibilidades de negocio. «Pero nos hemos dado cuenta de que lo que está ocurriendo en la práctica es que se están monopolizando los servicios de asistencia a personas dependientes en torno a unas cuantas empresas», se lamentan.
«Llevamos dos años presentándonos a concursos en todos los ayuntamientos de la provincia y no hemos conseguido ni un sólo contrato», confiesa Tapiero, al tiempo que anuncia que están en trámites para cerrar la empresa. «Si no podemos acceder a las ayudas, y con la crisis ha caído la demanda de este tipo de servicios costeados por las propias familias, no nos ha quedado más remedio», comenta esta empresaria.
Otras compañías de asistencia domiciliaria como Serhogar System –red de franquicias con presencia en España, México y Francia– también confirman que la demanda de servicios desde el sector privado ha caído, y es complicado conseguir concesiones municipales. Su directora en Málaga, Lourdes Baena, explica que están afrontando la coyuntura «con mayores dosis de esfuerzo e imaginación». «Hemos pasado de tener más de cien clientes a apenas sesenta», detalla, al tiempo que apunta que están impartiendo cursos de formación para asistentes de hogar.
En el otro la de la balanza se encuentran compañías como Serainant, dirigida por el antequerano Pedro Ruiz. Creada hace diez años, desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia esta empresa ha visto crecer su facturación y el número de empleados. «En lo que va de año hemos ganado ya tanto como en todo 2008, y seguimos creciendo», admite este emprendedor de 35 años, que desde que terminó la carrera vio muy claro el futuro del sector de la asistencia a las personas mayores y enfermas.
«Sólo puedo hablar de mi caso, pero la verdad es que con la nueva ley nos va muy bien. Hemos conseguido contratos en toda la comarca norte de la provincia y ya tengo 80 empleados», cuenta Ruiz, quien, no obstante, admite que las pretensiones iniciales de la norma nacional no se están cumpliendo igual en todos los territorios. «Depende mucho de la voluntad política», asegura. «Además –continúa– las familias españolas son muy reacias a dejar a sus seres queridos enfermos en una residencia, prefieren cuidarlos en casa».
En la provincia existen 2.152 plazas geriátricas ofrecidas por la Junta en residencias –de las que sólo 520 son propias–, a las que se suman 738 para discapacitados. Asimismo, hay 39 plazas del Programa de Respiro Familiar por las que pasan cada año alrededor de 600 personas. En unidades de estancia diurna, la Consejería para la Igualdad ofrece 848 plazas y 416 en unidades de estancia diurna para minusválidos. Los centros ocupacionales subvencionados suman 1.297 plazas. Todas estas cifras resultan «insuficientes» para los sindicatos y asociaciones sociales, que reclaman un mayor número de plazas, tanto públicas como conveniadas.
Nuevas plazas
«Falta coordinación y más implicación de todas las administraciones», se queja el secretario provincial de Comisiones Obreras, Antonio Herrera. «La repercusión en el mercado laboral de la nueva ley está siendo todavía muy escasa, hacen falta más recursos y de una manera más continuada», remarca. No obstante, la delegada Amparo Bilbao anunció que con los fondos del Plan Zapatero en la provincia van a crearse 520 nuevas plazas en residencias, con una inversión de 9 millones de euros, en Casarabonela, Periana, Álora, Pizarra, Cortes de la Frontera, Churriana, Antequera y Archidona.Airzone explora la teleasistencia
Un sistema de teleasistencia que vaya más allá del clásico botón rojo de emergencias. Esto es lo que está tratando de conseguir Altra Corporación, la entidad propietaria de las compañías Airzone –dedicada a la climatización–, At Home –de domótica–, Atria –de energía solar; y Evita –telemedicina–.
Su fundador, Antonio Mediato, no quiere dar todavía muchos detalles de los prototipos en los que están trabajando, aunque anuncia que están ultimando varios acuerdos con instituciones para darle «una mayor dimensión a sus proyectos». «Estamos interesados en el sector de la teleasistencia, porque es un derecho nuevo que se ha reconocido», considera Mediato. Sus avances apuestan por una tecnología capaz de detectar automáticamente las caídas y la toma de medicamentos sin que el usuario esté conectado a ningún tipo de aparato.