Málagahoy.es 7/12/2009
Excepto Rincón y Mijas no hay ningún otro de la zona costera, justo donde la demanda ciudadana es mayor · El Gobierno andaluz critica el alto coste de las expropiaciones en el centro de la capital
El interés de los ayuntamientos de la provincia de Málaga por responder a la necesidad de vivienda a precio asequible que padece buena parte de la población vuelve a quedar en evidencia. Los datos dados a conocer por la Junta de Andalucía a este periódico sentencian que sólo 17 localidades le han cedido suelo de forma gratuita para impulsar la ejecución de promociones de protección oficial (VPO) desde el año 2002 hasta la actualidad. Es decir, que en el horizonte de los últimos ocho años, prácticamente, sólo el 17% de los ayuntamientos de la provincia ha facilitado la labor a la Administración autonómica en esta materia, lo que llama poderosamente la atención cuando los estudios apuntan a que sería necesario construir unos 50.000 pisos de este tipo para responder a la demanda real.En concreto, las corporaciones locales que sí han dado un paso adelante en este sentido son Antequera, Ronda, Cortes de la Frontera, Pizarra, Rincón de la Victoria, Almáchar, Alameda, Cuevas del Becerro, Fuente de Piedra, Almargen, Cártama, Periana, Villanueva del Rosario, Yunquera, Teba, Algarrobo y Mijas. Ello ha dado lugar a la finalización de 14 promociones (301 viviendas); al tiempo que están en ejecución nueve (353 VPO) y pendientes de iniciar dos, con otras 326 viviendas.En este listado, a excepción de Rincón y Mijas, el resto de localidades presentes están situadas en las zonas de interior del territorio, donde, de acuerdo con las estimaciones de la propia Junta las necesidades residenciales son inferiores. O dicho de otro modo, el gran paquete de municipios que no colabora con la puesta a disposición de parcelas se encuentra en el litoral, incluyendo la capital, justo donde mayor demanda residencial existe.
Esta circunstancia fue criticada por la delegada provincial de Vivienda y Ordenación Territorial de la Junta, Josefa López, quien destacó el interés autonómico por disponer de terrenos a coste cero para que el adjudicatario de una vivienda social tenga una menor carga en el pago. A este respecto, señaló que el coste del suelo repercute en un 15% del valor final del producto residencial.
Por ello, justificó que muchos ayuntamientos que no colaboran con el Gobierno andaluz buscan "sacar beneficio" vendiendo los suelos a promotores privados. Esta práctica, según López, obliga al constructor a "ir a unas tipologías de vivienda protegida de precios más elevados para que le salga rentable la operación". "El que se venda el suelo incide negativamente en el precio final", apostilló. Precisamente, para evitar que la Junta esté a expensas bien de adquirir los terrenos o de esperar la colaboración municipal, la delegada subrayó la importancia de las reservas del 30% en los nuevos planes generales. "Si no se llega a poner como obligación resulta que no habría posibilidad de hacer estas viviendas", comentó.
En este contexto, López explicó que la Junta se ha visto en la obligación, por ejemplo en Málaga capital, de invertir 30 millones de euros para comprar 30 hectáreas de suelo en Lagar de Oliveros para, donde se proyectan 1.300 VPO, "viendo que no tenemos colaboración por parte del Ayuntamiento".
Una falta de sintonía que, apuntó, ha quedado en evidencia en el programa de rehabilitación de los arrabales del centro histórico. En este plan, la Administración autonómica se ha hecho cargo del pago de las expropiaciones de solares y fincas necesarias para la ejecución de varios cientos de viviendas sociales (muchas dentro del modelo de tecnocasas), enajenaciones que, según confesó López, van a salir mucho más caras de lo previsto debido a las valoraciones realizadas por la Gerencia de Urbanismo.
"El Ayuntamiento asumió esos expedientes y ha hecho valoraciones incluso por encima de las del jurado de valoraciones, con unos precios muy elevados", dijo, al tiempo que consideró que en esta materia "no ha sido buen socio". "Se ha decantado por elevar las expropiaciones en algunos casos. No queremos entrar en litigios, cuestionar los criterios de valoración porque le brindamos la mano al Ayuntamiento y no nos hemos puesto a cuestionar eso, lo hemos asumido y mensualmente pagamos las expropiaciones", añadió.
Incluso, admitió que con las cantidades a pagar "no salen los números para viviendas protegidas, con lo que nos va a costar el dinero". "El precio que se suele pagar por el suelo para VPO ronda los 135 euros, pero en el centro para expropiar una vivienda estamos llegando a pagar más de cien mil euros", sentenció.
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