La Axarquía sale del caos.

Los alcaldes de la comarca esperan dar cobertura legal a casi la totalidad de las construcciones en el campo Trabajan en la elaboración de las ordenanzas fiscales que fijarán las tasas.

MAYTE CORTÉS MÁLAGA | ACTUALIZADO 02.06.2013 www.malagahoy.es

Ligadas a la actividad agraria, las construcciones en el suelo no urbanizable surgieron como consecuencia de la segregación de estas tierras en parcelas que fueron heredadas de padres a hijos. En muchos casos existía un pequeño cortijo donde sus mayores habían crecido y cuya existencia se ha prolongado en el tiempo. Tanto como que algunos asentamientos de la comarca de la Axarquía son más antiguos que sus propios pueblos. 

Barriadas que llevan en pie más años que sus propios ayuntamientos. Otros partiendo de ese legado agrícola aprovecharon los restos de un antiguo un almacén de aperos para levantar una edificación. Hubo quien decidió volver a sus orígenes rurales, quien la aprovechó como segunda vivienda, y quien, como denunciaron las asociaciones ecologistas, descubrieron que el principal atractivo de la construcción en el campo estaba en la especulación inmobiliaria. "Para muchos esta inversión representa plusvalías en el negocio de la compraventa de viviendas", denunciaron entonces. De ahí, a que en los últimos 30 años hayan surgido en la comarca axárquica, según los datos de la Junta de Andalucía, 12.760 construcciones levantadas en suelo no urbanizable; más de 22.000 según el Gabinete de Estudios de la Naturaleza. 

Ahora los propietarios y los ayuntamientos se enfrentan a un largo proceso para regularizar o legalizar la situación de estas construcciones en terrenos no permitidos. En este procedimiento que impulsó la Junta de Andalucía a través de un decreto aprobado en enero del pasado año no sólo se incluyen las viviendas sino cualquier tipo de edificación como pueden ser almacenes, pozos, aljibes, o cuadras entre otras. Los alcaldes confían que la práctica totalidad de las asimiladas o que se encuentran fuera de ordenación y que hayan prescrito - siempre y cuando no estén denunciadas- puedan ser legalizadas o regularizadas. 

La diferencia estriba en que las primeras obtendrán la licencia de primera ocupación; las segundas no y por tanto, deben mantenerse tal cual se encuentran en la actualidad. Es decir, no podrán ser ampliadas, reformadas ni se podrán volver a construir de nuevo en ese terreno. En ambos casos, sus propietarios podrán tener escritura, inscribirlas en el Registro de la Propiedad, y por tanto, venderla a terceros. Todas podrán acceder a los servicios de agua, saneamiento o electricidad. 

Así, los ayuntamientos están trabajando en dos líneas; por un lado en la elaboración de inventarios que recogerá lo que han denominado el "avance" para presentar ante la administración autonómica, y otros en la integración de dichas construcciones en sus planes generales. En ambos casos debe elaborar un modelo SAFO -solicitud asimilado fuera de ordenación- que lleva aparejada una ordenanza fiscal que establecerá la tasa que deben pagar los propietarios para dar cobertura legal a las construcciones, "precio que no pagaron en su día", como recogen la mayoría de los alcaldes. El coste dependerá de cada ayuntamiento. 

Almáchar es uno de los pocos municipios que ya ha comenzado con el proceso de regularización. Poco después de la publicación del decreto aprobaron en Pleno el avance que distinguía, como así marcaba la norma urbanística, entre asentamientos urbanos, hábitat rural y los diseminados. El inventario recoge 470 construcciones, de las que la mitad, según explicó el alcalde José Gámez (IU), son de uso histórico, y por tanto, han prescrito. Un centenar son anteriores a la aprobación de la LOUA. Actualmente tienen iniciados tres expedientes para la regularización de viviendas. En la ordenanza han determinado un coste fijo de 16 euros el metro cuadrado. 

En estos momentos son los propietarios quienes se dirigen al Ayuntamiento para cursar la solicitud que les permita la legalización, no obstante, el regidor anunció que una vez aprobado de forma inicial el PGOU se enviarán cartas a los vecinos para informarles que el procedimiento se podrá hacer de oficio tras la intervención de los técnicos de inspección. "Estamos satisfechos en la medida que se ha creado una figura que da seguridad jurídica a los vecinos, al Ayuntamiento y a los terceros de buena fe, aunque también es cierto que no se ha adaptado a la realidad específica de cada municipio", opinó Gámez. 

Frente a la resolución de Almáchar, los municipios del Consorcio Monte Alta Axarquía han decidido hacer un frente común. Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Almogía, Casabermeja, Canillas de Aceituno, Colmenar, Comares, Periana, Riogordo y La Viñuela comenzaron el mes pasado a mantener reuniones de trabajo para compartir experiencias y elaborar una solicitud de asimilado fuera de ordenación (SAFO) de forma conjunta. En ella participan técnicos municipales y de la Diputación Provincial, secretarios, abogados, alcaldes. "En estas comisiones buscamos consensuar los criterios y dar la máxima seguridad posible a los vecinos para la solución de cualquier problema. Tiene que haber un criterio único", manifestó el presidente del Consorcio y alcalde de Almogía, Cristobal Torreblanca (PSOE). "No se trata de una recaudación fiscal sino de dar cobertura legal", remarcó el regidor, quien opinó que el hecho de crear una tasa conjunta "evitará pillerías entre las fincas colindantes entre distintos municipios". Torreblanca afirmó que en su municipio han registrado 270 expedientes sancionadores, de ellos, algunos han caducados y otros están en los tribunales. La regularización de estas viviendas ya no depende de las administraciones sino de la resolución judicial. 

Esta situación se revela sobre todo en La Viñuela y en Alcaucín. Fue en este municipio donde se destapó una trama organizada que se dedicaba presuntamente a construir urbanizaciones y viviendas aisladas sobre suelo no urbanizable. Entre los detenidos, el ex alcalde José Manuel Martín Alba y el que fuera jefe del Servicio Provincial de Arquitectura, José Mora. Junto a ellos, 50 imputados. En febrero de 2009, la Guardia Civil entraba en el Ayuntamiento y requisaba los ordenadores. La documentación continúa en sede judicial. "Nuestra situación es especial ya que no hemos podido hacer ningún inventario porque faltan expedientes. La Guardia Civil se llevó muchísimas cajas cuando se destapó el caso Arcos", indicó el regidor Domingo Lozano (PP), quien calcula que de las 1.600 viviendas en suelo no urbanizable que podrían tener, más de 300 están en los juzgados. "Aquí hay de todo. Gente que ha actuado de buena fe y que ha invertido todo su dinero en comprar su vivienda sin saber que no eran legales", manifestó el alcalde, quien no está del todo satisfecho con el proceso abierto por la Junta de Andalucía ya que cree que es "demasiado lento" y "complejo". "Pedimos paciencia a los vecinos, sobre todo porque nosotros, con actuaciones judiciales de por medio, lo tenemos más difícil", recordó Lozano. También en La Viñuela hay medio centenar de expedientes pendientes de resolución judicial. Según el inventario en el que trabajan cuentan con 400 construcciones irregulares, cuatro asentamientos y cinco hábitat rurales. A expensas de lo que marque la Justicia, hay dos que "lo tienen muy difícil" al encontrarse en una vía pecuaria. "Ninguna de las viviendas que están en el entorno del pantano están en suelo de especial protección ya que todas tienen más de medio siglo de antigüedad y fueron construidas con anterioridad a la construcción de la infraestructura hidráulica", quiso aclarar el alcalde José Juan Jiménez (PSOE) cuyo antecesor, Juan Millán (PSOE) ha pasado por prisión por una docena de causas por delitos contra la ordenación.